En los últimos años algunos países de la UE han revisado sus normativas sobre juego para adecuarse a las nuevas ofertas on line, lo que ha producido una gran variedad de marcos regulatorios dentro de la UE, que van desde la prohibición absoluta de los juegos de azar on line, a su oferta a través de monopolios estatales, o a través de la concesión de licencias a operadores que quieran prestar este tipo de servicios, como en el caso de España.

Para favorecer la actuación coordinada de los Estados miembros y la UE en la actuación ante los retos que presenta la regulación de este tipo de servicios, la Comisión Europea ha decidido presentar este plan de acción para los próximos dos años.

El plan prevé las siguientes cinco áreas prioritarias de acción:

1. La adecuación de los marcos regulatorios nacionales al derecho de la UE, respetando la libertad de los Estados para fijar los objetivos de sus políticas en materia de juego, con el objetivo de dar respuesta a las numerosas quejas que se han presentado a la Comisión en el sentido de que algunas regulaciones nacionales en materia de juego infringirían principios del derecho de la Unión Europea.

2. Aumentar la cooperación administrativa, con el objetivo de ayudar a los Estados miembros en las tareas de regulación y supervisión, mejorando la calidad de su trabajo. La Comisión facilitará la cooperación entre los reguladores del juego y estudiará las posibilidades del sistema de información del mercado interior para el intercambio de información y cooperación entre los Estados miembros; mejorará el intercambio de información y mejores prácticas sobre medidas de ejecución y explorará las ventajas y límites de medidas como el bloqueo de pagos o de acceso a páginas web en el ámbito de la UE.

3. La protección de los consumidores y de los ciudadanos de la UE. La Comisión se fija como objetivo garantizar un alto nivel de protección para todos los ciudadanos de la UE, para alejar a los jugadores de ofertas de juego no reguladas y potencialmente peligrosas, prevenir el desarrollo de peligros como la adicción al juego, o proteger a los menores.

En este ámbito la Comisión adoptará recomendaciones para los Estados miembros sobre protección de los consumidores y publicidad de las actividades de juego; evaluará las recomendaciones sobre juego en relación con la adicción a Internet entre adolescentes; evaluará el desarrollo de los servicios de juego on line; informará sobre los grupos de trabajo pertinentes bajo el proyecto ALICE RAP (http://ec.europa.eu/research/social-sciences/projects/486_en.html) y evaluará los resultados de la investigación.

4. La prevención del fraude y del blanqueo de capitales. La Comisión considera imperativa la efectiva aplicación de mecanismos anti fraude y anti blanqueo de capitales en los servicios de juego on line. Para ello la Comisión estudiará la posibilidad de extender el ámbito de la Directiva anti blanqueo (Directiva 2005/60/CE) a todas las formas de juego; considerará la posibles particularidades y soluciones aplicables al juego on line en el contexto de la política sobre ciberdelincuencia; y explorará la posibilidad de establecer un estándar europeo para el equipamiento en materia de juego, incluido el software.

5. La salvaguarda de la integridad en el deporte y la prevención del amaño o manipulación de resultados. La manipulación de resultados deportivos relacionada con las apuestas es también materia de preocupación, y parece que debe abordarse desde la necesaria cooperación y coordinación entre los distintos actores para poder llevar a cabo una lucha efectiva contra este tipo de prácticas tanto a nivel nacional como internacional.

En este campo la Comisión pretende adoptar recomendaciones de buenas prácticas en materia de prevención y lucha contra estas actividades, y promover la cooperación internacional en este ámbito.

La Comisión ha optado en este momento por no promover una regulación sectorial de ámbito europeo, sino que prevé una aproximación paulatina de la normativa aplicable dentro de la UE. Algunas de las iniciativas tomadas implicarán a los Estados miembros, pero también a otros interesados. Pasado el plazo inicial de dos años, la Comisión evaluará las medidas adoptadas y valorará si es necesaria la implementación de medidas adicionales a nivel europeo.